El entuerto de Zaffaroni

Por Gabriel Levinas

El complejo problema suscitado por el Juez Zaffaroni vuelve a enfrentar a nuestra sociedad

“No hay ningún mérito moral en no hacer lo que no se puede hacer”, concluía Raúl Zaffaroni en un viejo reportaje publicado en El Porteño al final de la dictadura. Antes de eso, el juez había jurado por los estatutos del Proceso de Reorganización Nacional. Más de 120 pedidos de habeas corpus pasaron por sus manos y se las lavó.

Dice Rodolfo Terragno durante los trámites del nombramiento de Zaffaroni como ministro de la Corte: “No he encontrado ningún ejemplo de actividad judicial del Dr. Zaffaroni que haya puesto en aprietos a las autoridades o permitido salvar una vida”.  Por toda defensa, el Juez dijo que él solo tenía noticias de las detenciones y que no sabía el curso posterior que seguían los detenidos.

Renunció a su cargo de juez en 1985. Curiosamente, juró en la dictadura y se fue apenas comenzada la democracia.

Trasgresor en su doctrina y en su vida, Zaffaroni ha sido siempre respetado, odiado, y motivo de controversias. Mucha de la mejor jurisprudencia se la debemos a él.

Fue repudiado por las Madres de Plaza de Mayo quienes lo vincularon, junto con otros 400 jueces, como partícipes necesarios de los crímenes del proceso.

Cuando en 2003 fue propuesto como ministro de la Corte, Zaffaroni declaró 5 departamentos. Hoy tiene 16.

Durante estos últimos años, con la inclusión de Carmen Argibay, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y la del propio Zaffaroni, el kirchnerismo pudo ostentar un verdadero logro: había mejorado sustancialmente la calidad de la Corte, logro que nadie puede discutir.

La Corte ha demostrado independencia del poder político.

Todo ese respeto ganado por dicho cuerpo pareció tambalearse cuando Zaffaroni apareció como propietario de 6 departamentos donde se ejercía la prostitución.

En diciembre de 2009 La Alameda -organización que lucha contra la trata de personas junto con varias entidades más- denunció ante la Fiscalía 613 departamentos donde presumiblemente habría casos de trata y proxenetismo. Acumulaban importantes indicios que así lo hacían sospechar.

La denuncia se hizo entonces en distintos ámbitos: la Procuración General, la Fiscalía antitrata, y ante la justicia contravencional.

El más significativo de los casos es el departamento de la calle Dellepiane 668, uno de los denunciados por las ONG en 2009.

En ese momento, los denunciantes desconocían que el propietario era Zaffaroni.

Ricardo Montiveros, apoderado y amigo personal del juez cuyo domicilio está fijado en la casa del propio Zaffaroni, era quien figuraba como propietario de dicho departamento. La propiedad formaba parte de un grupo de departamentos privados que propagandizaban sus servicios por distintas vías, las líneas telefónicas utilizadas en varios de ellos estaban a nombre de una tal Marcia González, es decir, esta señora que fue sindicada por numerosos vecinos de los distintos departamentos como la recaudadora, era la propietaria de las líneas telefónicas.

El departamento de la calle Dellepiane fue denunciado por un vecino, el abogado Martín Sanguinetti, y se citó a Montiveros a una audiencia de conciliación en las oficinas de la mediadora oficial Celina López. Montiveros no concurrió pero sí lo hizo en su nombre otro personaje vinculado con una cadena de prostíbulos, de apellido De Vicenzi. Él manifestó en dicha audiencia que Montiveros era solo un testaferro del Dr. Zaffaroni y que el problema iba a arreglarse rápidamente, hecho que no ocurrió. Poco tiempo después este departamento cambió de titular y hoy el juez Zaffaroni figura como el nuevo dueño.

El prostíbulo siguió funcionando hasta mediados de la semana pasada. La denuncia donde se lo imputa al apoderado de Zaffaroni está radicada en la Fiscalía Correccional Nº 4.

El departamento era utilizado por un grupo de mujeres dominicanas, y según el denunciante (textual): El administrador del edificio habría sufrido amenazas por parte de una tal Marcia González y de Ricardo Montiveros cuando se les pidió resolver el conflicto.

Cabe destacar que la persona que respondía al nombre de Marcia González (quien también se hace llamar Dorita), era quien habría oficiado de nexo con la gente del prostíbulo y que se ocupaba de retirar la recaudación.

Esa recaudación, según dichos de la recaudadora, habría ascendido a los $ 6.000 mensuales. Como el incidente no se resolvió, la administradora realizó la denuncia en la seccional 5ª de la Policía Federal Argentina. Tal denuncia fue por infracción a la ley 12.331, ley de profilaxis de las enfermedades venéreas. Tramita en la Fiscalía Correccional Nº 4 bajo el número 33.379.

Frenar, cajonear, dormir son algunas de las palabras que en la justicia se utilizan como eufemismos para lastimarla, negarla. Y la manera más usual de hacerlo tiene como propósito el obsceno doble standard.

Cuando uno revisa las actuaciones de la Fiscalía, disimulado entre un aparente trajín investigativo, se percibe la posibilidad del encubrimiento. En el caso de varios departamentos, propiedad de Zaffaroni, en la investigación de 2009 aparece el nombre de la propietaria de las líneas, pero extraordinariamente, desde que se inició el proceso y pasado más de un año y medio, no se dice lo fundamental, lo más simple: quién es el dueño de la propiedad, eso está ausente en todo el informe de la Fiscalía (link).

¿No Hay un ocultamiento malintencionado cuando en el informe de la UFASE (Unidad Fiscal Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas) nada se dice sobre quién es el propietario de los inmuebles? Después de meses de investigación falta uno de los datos más importantes y más fáciles de conseguir. Pero es casualmente el dato que ligaba a Zaffaroni, dato que lo hubiese puesto en autos a finales de 2009.

Cuando públicamente Zaffaroni sostiene con prudencia que no había recibido ninguna comunicación “formal” sobre la verdadera actividad que se desarrollaba en los departamentos, ¿está abriendo el paraguas a posibles comunicaciones informales acerca de esto?

Lamentablemente, como parte de estos absurdos mecanismos escenográficos con los que se pretende tapar la realidad, se apeló a la prohibición de publicar en el rubro 59 avisos de oferta sexual. Solo se quería dar la impresión de que se estaba luchando contra la trata y sacar a algunos medios del negocio lateral para dejar al resto de los actores, incluso al involuntariamente engañado juez de la Corte.

De los 613 departamentos solo se investigaron cerca de un centenar y de manera absolutamente superficial.

El fiscal a cargo de la UFASE, Marcelo Colombo, es un fiscal de primera instancia privilegiado por Righi —dicho sea de paso, fue nombrado a dedo en ese lugar y sin el necesario acuerdo del Senado para ocupar el cargo superior de Fiscal General que ostenta.

Facilitar un domicilio para que se ejerza la prostitución es un delito, el proxenetismo es otro delito así como la trata de personas.

“Un juez deberá informarse sobre sus intereses personales y fiduciario-financieros y hará esfuerzos razonables para informarse sobre los intereses financieros de los miembros de su familia”

Tiene la obligación de velar por ellos e impedir que puedan ser utilizados para delinquir. Resulta altamente llamativo que tuviera conocimiento de ello después de dos años, sobre todo por tratarse de uno de los más inteligentes jueces de nuestra Corte Suprema.

La cuestión de la integridad de los funcionarios públicos, sobre todo de los judiciales, es importante no por consideraciones “morales” sino como garantía para los ciudadanos. En efecto, los principios de integridad son garantías de que los juicios que emitan los funcionarios van a estar basados exclusivamente en criterios legales aplicados de manera universalista, y no afectados de ningún modo por situaciones o intereses personales. La integridad no es un problema abstracto sobre “el alma” de los funcionarios, sino uno concreto que tiene que ver con las condiciones que detentan para el ejercicio de la función. Para eso, por ejemplo, existen las instituciones de la excusación y la recusación en el derecho procesal, así como también la pregunta acerca de “las generales de la ley” a los testigos: para evitar el conflicto de intereses, para que una persona actúe sólo en relación con normas y con hechos y no respecto de otros intereses.

Sabemos -porque además fue dicho por la propia Ministra de Seguridad- de la existencia de mafias en la Policía Federal, poder que no ha consolidado precisamente por desperdiciar oportunidades como ésta.

Quién nos garantiza mañana, en la hipotética circunstancia que debamos por alguna cuestión legal llegar a la Corte Suprema de Justicia, que una carpeta con la verdadera historia de estos prostíbulos aparezca sobre el escritorio de Zaffaroni obligándolo a torcer su fallo.

http://www.plazademayo.com/2011/08/el-entuerto-de-zaffaroni/